El Gobierno utiliza una ‘trampa’ en la ley para dejar fuera de las ayudas a los hosteleros

Lorenzo Amor, presidente de ATA, tras la argucia legal del Gobierno: “Es una sinvergonzonería”

El Gobierno deja fuera de las ayudas que se aprobaron a finales de septiembre para los autónomos al colectivo más afectado por la crisis: los hosteleros. La excusa: como pueden servir comida a domicilio no podrán recibir las ayudas pactadas.

Según la respuesta de la dirección general de ordenación la Seguridad social a las mutuas, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, la prestación extraordinaria por cese de actividad aprobada a finales de septiembre finalmente no llegará nunca a los dueños de bares y restaurantes que vendan comida a para llevar, asfixiándole aún más. Justo en el peor momento.

La organización de autónomos mayoritaria, ATA, advierte a este periódico que eso no es lo que pactaron cuando se aprobó el Real Decreto 20/2020, que se acordó con el ministerio de que dirige José Luis Escrivá. Lorenzo Amor, presidente de ATA, dice claramente: «Es una sinvergonzonería».

En el artículo 14 de esta norma se fija una «prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación del virus COVID-19 y para aquellos trabajadores autónomos que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista».

La cuantía de la prestación iba a ser del 50 por ciento de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada. Esta ayuda estaba pensada para momentos como el actual, en el que las CCAA pueden cerrar negocios de forma unilateral para tratar de frenar el covid-19. Es decir, de unos 460 euros.

Ante la consulta de las mutuas, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha aclarado en los últimos días lo siguiente: «En efecto, resulta claro que el objetivo de la norma es reconocer el derecho a esta prestación extraordinaria solo en el caso que el trabajador autónomo se vea obligado a cesar completamente su actividad, sin que proceda tal reconocimiento cuando se permita mantener una parte de la actividad». Los autónomos denuncian que eso no fue lo que pactaron con el Ejecutivo.

Las comunidades autónomas que tienen completamente cerrada la hostelería, pero que sí pueden vender para llevar, son Castilla y León, Cataluña, País Vasco, Murcia, Navarra y Asturias. En el caso de La Rioja y de Galicia esta medida está en vigor en las zonas con una situación epidemiológica peor. En cambio, Madrid ha conseguido mejorar sus cifras epidemiológicas sin cerrar bares y restaurantes.

El ‘toque de queda’ del Gobierno

El problema es que esto se suma a que el toque de queda del Gobierno -cuya letra pequeña deciden las comunidades autónomas- perjudica a las empresas que vendan comida a domicilio, especialmente en el momento en el que suele haber un pico de ventas que podría ayudar a compensar -y nunca del todo- la cancelación de las cenas en terrazas y locales.

Por ejemplo, en Cataluña, si los clientes acuden al bar o restaurante a recoger su pedido pueden hacerlo hasta las 21:00, mientras que si lo piden para que se lo lleven a casa el margen es hasta las 22:00 horas. Mientras, en la Comunidad de Madrid, es posible realizar reparto a domicilio hasta las 00:00.

En Asturias, en cambio, aunque la hostelería debe cerrar a las 23:00, el Boletín Oficial del Principado de Asturias determina que los servicios de comida a domicilio se pueden extender hasta la una de la madrugada. Algo similar ocurre en Castilla y León, donde los bares y restaurantes tienen que cerrar a las 22:00 horas, pero pueden seguir sirviendo comida a domicilio hasta las 00:00 horas.

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El cierre de centros comerciales golpea ya a casi 6.000 negocios y 120.000 empleados en toda España

La segunda oleada de covid-19 está golpeando duramente a España, donde las comunidades autónomas están implantando nuevas restricciones para tratar de contener la pandemia. Una de estas medidas es el cierre de centros comerciales, que ya está en vigor en Cataluña, Castilla y León y Asturias, y amenaza la situación económica de en torno a 6.000 negocios y alrededor de 120.000 empleados de las tres regiones.

Además hay que tener en cuenta que estas restricciones podrían extenderse en las próximas semanas a otras comunidades ante el aumento de los contagios y el agravamiento de la situación sanitaria en nuestro país. De este modo, y de acuerdo con los datos que la Asociación Española de Centros Comerciales (AECC) ha facilitado a OKDIARIO, en la comunidad catalana el total de negocios afectados es de 3.891, mientras que cerca de 72.000 trabajadores se ven golpeados por esta medida.

Por su parte, en Castilla y León, que cuenta con 25 centros comerciales, unos 1.240 comercios verán su actividad limitada junto a 30.000 empleados. Por último, en Asturias las cifras son de 779 negocios y 18.000 trabajadores afectados. Estas medidas suponen un nuevo golpe al tejido empresarial, que ya acumula importantes desplomes como consecuencia de las restricciones impuestas en los últimos meses para tratar de contener el impacto de la pandemia en nuestro país.

En la mayor parte de comunidades autónomas también se ha establecido el cierre de la hostelería, medida que por el momento parece que no ha logrado contener el crecimiento de los contagios en las principales regiones afectadas. Desde las distintas asociaciones y patronales del sector siguen reclamando al Gobierno central y a las administraciones regionales mayor flexibilidad a la hora de imponer restricciones que puedan perjudicar aún más a los pequeños y medianos empresarios del sector.

La crisis del coronavirus ha asestado un duro golpe al consumo, que tras varios meses con la persiana bajada ha tenido muchas dificultades a la hora de remontar sus situación. La afluencia a los centros comerciales y tiendas se desplomó un 25,2% en los meses de verano en comparación con el mismo mes del ejercicio precedente a pesar de coincidir con el periodo de las rebajas, según se pudo desprender del índice Shoppertrak.

Afluencia

La afluencia a los centros comerciales también se ha visto afectada y retrocedió un 20,4% durante el mes de octubre respecto al mismo mes de 2019 en un contexto de crisis sanitaria derivada de la pandemia del covid-19 que marcará la campaña de Navidad. De esta forma, las visitas a centros comerciales moderaron ligeramente su caída interanual en el décimo mes del año, tras retroceder un 19,3% en septiembre, un 22,4% en agosto, un 25,2% en julio y un 36,9% en junio.

En los meses previos, durante el estado de alarma, la afluencia llegó a caer un 82,5% en mayo, un 89% en abril y un 42,2% en marzo. En lo que va de año, la afluencia a los centros comerciales descendió un 33,4% en un ejercicio atípico marcado por el covid-19 y su impacto en la actividad económica.

No obstante, la tendencia de los últimos meses marca una recuperación progresiva del tráfico de compradores. Mientras que en abril o mayo (cuando la mayoría de centros estaban cerrados en su totalidad) la caída respecto a 2019 era superior al 80%, el índice anual ha experimentado una recuperación paulatina hasta mantenerse en el entorno actual del -20% aproximadamente.

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El 50% de los locales comerciales que cierren por la pandemia no volverá a abrir

Basta con pasear por cualquier calle comercial de España para darse cuenta del impacto que el coronavirus está causando en el tejido empresarial español. Los carteles de «cerrado» aumentan día a día, y seguirán haciéndolo debido a la virulencia de la segunda ola de la pandemia y a las restricciones que están poniendo en marcha las comunidades autónomas.

Tanto es así que las previsiones de la Federación de Agencias Inmobiliarias (FAI) apuntan a que el 50% de los locales comerciales que cierren por la pandemia no volverán a abrir a medio plazo. Tendrán que esperar a que el consumo se recupere para levantar la persiana, una circunstancia que algunos expertos ya retrasan hasta 2022 o 2023. En España hay cerca de un millón de locales comerciales, de los cuales más de la mitad pertenecen a las actividades de comercio minorista.

“El cierre de muchos negocios no tiene vuelta de hoja. La mitad de los locales comerciales que van a cerrar debido a la pandemia no volverán a retomar la actividad a medio plazo. Al menos hasta que vuelva la recuperación, y los que lo abran lo harán en condiciones muy diferentes a las que existían antes de la pandemia», explican desde la FAI. Los cierres comerciales afectan a todos los puntos geográficos de España, pero el castigo es mayor en las zonas turísticas y en el centro de las ciudades -especialmente dependientes de los visitantes internacionales-. Por contra, las zonas residenciales están resistiendo mejor a la caída en picado del consumo.

El cierre de locales comerciales también tiene una vertiente inmobiliaria, para aliviar el impacto de la crisis del coronavirus en el mercado, la federación ha pedido cambios que faciliten la reconversión de los locales comerciales en viviendas u oficinas. «Los municipios deberían modificar y regular su ordenanzas. Hay que facilitar y agilizar la reconversión de estos locales y darles otro uso», cuentan. La legislación actual obliga a realizar diversos trámites que pueden llegar a extenderse más de un año.

La facturación se hunde un 50%

Los pronósticos de la FAI son igual de pesimistas que los elaborados por la Confederación Española de Comercio (CEC), que estima que entre el 25% y el 35% de los negocios podría cerrar de aquí a final de año si no se reactiva el consumo y si no se aplican medidas específicas de ayuda al sector. Por el momento, el 15% de los comercios de proximidad no han vuelto a abrir tras el estado de alarma y la facturación se ha hundido en algunos sectores hasta un 50% respecto a 2019. Preocupa especialmente la situación del sector textil y el del calzado.

A finales de septiembre, en plena negociación de los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo), la patronal del comercio advertía de la posible desaparición de casi un 250.000 de establecimientos y hasta 600.000 puestos de trabajo si no se llegaba a un acuerdo en materia laboral. Ahora, y con la vista puesta en el 31 de enero (último día de la prórroga de los ERTE), se aviva el miedo a que el cierre de establecimientos llegue al cuarto de millón. Para evitar ese temido escenario, los comerciantes han pedido al Gobierno que ponga en marcha medidas específicas dirigidas a los autónomos del sector y otras que solucionen el problema del alquiler de los locales comerciales, que asfixia especialmente a los pequeños negocios.

Lo comerciantes también han pedido medidas de apoyo fiscal y financiero que garanticen la liquidez a los comercios, el aplazamiento del pago de la deuda tributaria y la condonación de pago de tributos.

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España alcanza la cifra de 60.000 muertos por Covid

La mortalidad crece en toda España mientras Sánchez no deja de poner el foco de sus ataques en Madrid

Más de 60.000 muertos, ese es el coste que ha supuesto ya en España el covid. En concreto, 60.210 víctimas mortales retratadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras el Gobierno reconoce tan sólo poco más de la mitad de los fallecidos: 35.639

El dato acaba de surgir con la última actualización del INE. Y es que, mientras Pedro Sánchez no deja de poner el foco de sus ataques en Madrid, la mortalidad crece en toda España por el Covid-19 sin que ese desastre atraiga la atención del Gobierno central. De hecho, no atrae ni su reconocimiento de la cifra real, que se ha negado a admitir a lo largo de toda la pandemia.

Los datos de incremento de fallecimientos con respecto al pasado año prueban que el número acumulado de muertos por covid desde el mes de marzo supera ya los 60.000, según el INE. La cifra, en estos momentos, se sitúa en concreto en 60.210 muertes. Hay que recordar que la cifra oficial de muertes que acepta el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es de 35.639 fallecidos por el coronavirus, con lo que el ocultamiento de los datos publicados por el Ejecutivo empieza a ser ya todo un récord: prácticamente hay que multiplicar por dos el dato oficial para lograr el real.

Hay que recordar que el sistema de recuento oficial del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sólo incluye como muertes por coronavirus las certificadas con test, con lo que la mejor manera de aparecer bien en las estadísticas es no hacer test, justo lo peor para controlar los focos de contagio.

La escalada de la cifra de muertes por covid, además de su ocultamiento, no puede ser tomado como ninguna sorpresa. Ya en el mes de abril, un estudio independiente del centro de investigación internacional Deep Knowledge Group (DKG) analizó la respuesta de cada país frente al coronavirus en base a un total de 24 criterios.

Las conclusiones para el Gobierno de Pedro Sánchez y su gestión fueron demoledoras: España era el peor país de Europa en el ranking de seguridad frente a la pandemia.

Análisis de contingencias

Los argumentarios que repetía incesantemente el Gobierno de Sánchez sobre su gestión del coronavirus giraban en base a que España actuó de forma ágil frente a la pandemia, que lo hizo de forma contundente y que la respuesta española era alabada en todo el mundo. Pero el estudio decía justo lo contrario y echaba por tierra cualquier justificación del Gobierno español.

El ‘Deep Knowledge Group’, un departamento de la firma de capital riesgo DKV con sede central en Hong Kong y filial en Londres que está especializada en el análisis de contingencias relacionadas con la salud, analizó la situación y la respuesta frente a la pandemia de 150 países. Y en base a los resultados elaboró diversos rankings sobre la gestión de los distintos gobiernos y el índice de seguridad para los ciudadanos de cada país. En el correspondiente a la Eurozona, España ocupaba el último puesto.
No se trató del único galardón lamentable.

Al margen de las continuas referencias en la prensa internacional a la lamentable gestión del Covid, Europa también suspendió al Gobierno socialcomunista en la crisis del coronavirus en agosto. Esa vez, España recibió la peor puntuación en la gestión de la colaboración de la sanidad privada en la lucha contra la pandemia de Covid-19, según el análisis de un grupo de expertos convocados por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada.

Según estos expertos, la decisión del Gobierno de poner bajo el mando único sanitario a todas las clínicas privadas «sin importar la incidencia del coronavirus en cada zona y la delegación de los acuerdos entre la Administración y las empresas privadas a cada una de las 17 comunidades autónomas, sin directrices y sin un modelo claro y homogéneo que permita el cobro de los gastos soportados durante la crisis sanitaria, han generado un perjuicio inasumible para las clínicas».

«El mando único provocó que muchos centros privados tuviesen que rechazar a sus pacientes habituales y asociados para dar cabida a enfermos por el coronavirus que finalmente nunca llegaron por estar en zonas de baja incidencia de la pandemia. De esta forma, se cerró la vía de ingresos de estas empresas, no se utilizaron sus recursos ni se permitió acogerse a ERTE por ser un sector esencial», resaltaron.

Más de 2.400 centros médicos

«El fracaso del modelo español ha provocado que ahora mismo esté en serio riesgo la supervivencia de más de 2.400 centros médicos y el empleo de cerca de 60.000 profesionales sanitarios, como empleo directo, y el doble de afectados indirectos», subrayaba.

Por si fuera poco, en septiembre, con el inicio de la segunda ola, España volvía a dispararse hacia el primer puesto mundial de países con peores cifras en la segunda ola del coronavirus. En su camino hacia el primer puesto de países más afectados por la pandemia sólo se le interponía la Argentina gobernada por la izquierda kirchnerista de Alberto González, con Cristina Fernández de Kirchner como vicepresidenta. Todo un alarde de gestión hasta llegar a superar los 60.000 muertos por Covid en España

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La falta de material obliga a los sanitarios a esterilizar sus batas aunque pierdan efectividad

El personal sanitario trabaja sin descanso en los hospitales para intentar curar a los miles de pacientes de coronavirus que han colapsado ya los centros. Además de realizar guardias interminables, los trabajadores se enfrentan a la falta de material de protección que ha dejado ya más de 6.000 infectados entre los sanitarios. Una de las últimas medidas es esterilizar las batas para poder reusarlas, acción que -aseguran- reduce la efectividad de las mismas.

El número de profesionales de la salud infectados por el virus no deja de ascender en España. Las cifras enfadan a los sanitarios, que denuncian la pésima situación a la que se enfrentan al no contar con material para protegerse frente al contagio.

Una de las medidas que han comenzado a adoptar es la esterilización de batas para poder usarlas de manera continuada. Sin embargo, los trabajadores denuncian que esta esterilización hace que pierdan la impermeabilidad, y por lo tanto, no sean suficientes para poder prevenir la enfermedad. «Este protocolo se ha hecho para reutilizar las batas, pero si se esterilizan no nos protegen», protestan.

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